Thursday 13 December 2018
Home      All news      Contact us      English
elpais - 6 days ago

Portadores del patrio honor

Cuando  hay muchos hombres sin honor, siempre habrá otros que lleven consigo el honor de muchos hombres. José Martí Gente del MEP y del Consejo Superior del Poder Judicial han sido presa de berrinches en la coyuntura huelguística, y han anunciado medidas punitivas contra directores de escuelas y colegios, contra profesores y maestros, contra jueces, fiscales y defensores que se sumaron a la Huelga plantada originalmente por un grupo de sindicatos contra la aprobación de la Ley Número y a quienes se responsabiliza por la frustración de lecciones, exámenes y otras actividades escolares, con menoscabo de los intereses de los a así como diligencias judiciales pendientes, que tendrán que ser reprogramadas, con los consiguientes atrasos en la marcha de los procesos y desperdicio de los recursos económicos del Estado.  En el panorama así trazado, los maestros y profesores, los funcionarios judiciales y sus sindicatos, son señalados como los autores de conductas reprochables y dañinas y, por eso mismo, merecedores de graves sanciones en el orden laboral y disciplinario. Pero ¿cómo se compagina este ominoso panorama con el hecho, por demás evidente, de que dichos funcionarios están haciendo uso de un derecho humano constitucionalmente garantizado?  Porque, señores del MEP y del Consejo, deberán Ustedes recordar que un artículo de la Constitución, en concordancia con otras pertinentes disposiciones del Código de Trabajo y de varios instrumentos jurídicos internacionales, permite que los funcionarios judiciales ejerciten legítimamente aquel derecho. Y alguien me puede decir ¿cómo podrían ejercitarlo real y efectivamente sin dejar de dar lecciones y practicar exámenes, sin frustrar diligencias judiciales, sin atrasar la marcha de los procesos, sin hacer incurrir al Estado en pérdidas económicas? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué razón es lícito que un funcionario público deje de prestar el servicio a que normalmente está obligado, causando perjuicios a los usuarios y a sus empleadores?  Porque lo hace para evitar un daño mayor, derivado de la situación contra la cual se ha levantado. La explicación de estas cosas se encuentra en la historia y en la función civil de las huelgas en la sociedad moderna. La historia de las huelgas registra etapas sucesivas a partir de su inicial represión como delito, pasando luego por el tiempo en que se la considera una actividad meramente lícita, hasta llegar al momento en la que se la consagra como un derecho garantizado por las Constituciones y las Declaraciones y las Cartas Internacionales de Derechos Humanos. La posibilidad jurídica de disentir ante el fuerte (Estado, empresa) y de dialogar con él aportando razones, hasta recurrir a medidas civiles de presión que conlleven incluso resultados dañosos, constituye un instrumento legítimo en la pugna de los intereses, dentro de la comunidad organizada. Pero extrañamente algunas personas en nuestro País se quedaron atascadas en el  primer peldaño: continúan estimando las huelgas como actividades punibles y, además, moralmente reprochables. Personas a quienes el artículo 61 de la Constitución “no les suena, no termina de calzarles”, así como tampoco les suena muy bien el artículo 33, que consagra la igualdad de las personas, aunque esté en la Constitución. Para ellos las constituciones tienen partes que sí y partes que no. Se suele olvidar que la Constitución en el Estado Social y Democrático de Derecho ha reconocido a los trabajadores derechos irrenunc y que la huelga, como el sindicato, como la negociación colectiva, son instrumentos legítimos de lucha de los grupos organizados de trabajadores (débiles en su individualidad) precisamente contra entidades más fuertes (de facto o de iure), para garantizar la defensa eficaz de aquellos derechos.  Lo cual significa que los trabajadores, si cuentan con buenas razones para ello, tienen, repito, el derecho de disentir de las decisiones de sus empleadores, y pueden llegar hasta ejercer formas de presión social para conseguir la modificación de aquellas decisiones. Tanto altos funcionarios del MEP, así como algunos cuerpos auxiliares del Aparato Judicial, han venido amedrentando y tratando como infractores a los funcionarios en huelga, sin reparar en que, con esa actitud, son ellos quienes están violando normas constitucionales y legales vigentes, que también obviamente los vinculan.  Entonces las cosas están así: pendiente la huelga, el funcionario que se abstiene de impartir la clase como maestro, o de participar en una audiencia como juez, fiscal, defensor, secretario, etc., no viola por ello ninguna mientras que sí la viola el funcionario que pretende sancionarlo por aquella conducta. Porque, jurídicamente considerada, la huelga es un proceso jurisdiccional cuya pendencia congela o suspende el entramado de derechos, deberes, facultades, etc. propias de la relación laboral precedente, y crea un status novum, dotado de su propia normativa, cuya interpretación y aplicación corresponderá al juez competente (artículo 371 y concordantes del Código de Trabajo). Con el presente movimiento huelguístico  se pretendió (en vano), de parte de los funcionarios participantes, frenar la aprobación del entonces Proyecto de Ley Número 20850 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), el cual, por su inequidad tributaria y su afectación de la independencia del Poder Judicial (tal como lo declaró el pleno de la Corte Suprema de Justicia en su resolución de 16 de octubre último), su afectación del régimen de empleo, de las autonomías de muchos entes menores, etc.,  lesiona derechos laborales de aquellos funcionarios, así como también sus derechos económicos como miembros de la comunidad nacional, e incluso derechos e intereses de la comunidad misma. Bien miradas las cosas, el estado de huelga era la posición justa y razonable que debió tomar la gran mayoría de nuestro pueblo (trágicamente enajenado e inerte frente a las tropelías de los gobiernos de ayer y de hoy), y que en su defecto han asumido con entereza y sacrificio los maestros, los funcionarios judiciales y otros grupos sindicalizados. Porque el caso es que, tal como lo han admitido hasta algunos de los expertos del propio Gobierno, esta Ley llamada “de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, debido, entre otros yerros, a su régimen de exenciones y a su acusada regresividad, es un pésimo instrumento tanto para enfrentar la crisis fiscal, como para conducir al País a una situación de bonanza económica con justicia tributaria y social.  Y en efecto, reforzando lo afirmado aquí, tenemos que en un artículo reciente, después de recordarnos de nuevo que Costa Rica ostenta un ‘Coeficiente Gini’ que la sitúa entre los quince países más desiguales del Mundo, donde disfruta de la buena compañía de Rwanda, Honduras, Guatemala y la República del C y que ya en el 2008, el promedio de los ingresos netos del 20% de los hogares más ricos era trece veces mayor a los del 20% de los hogares más pobres, el Profesor Jaime Ordóñez observa que la cacareada Ley de Fortalecimiento no toca las  Zonas Francas ni las grandes cooper que exenciona a las primeras del IVA; que amplía la lista de las exoneraciones, promueve una generosa Amnistía Tributaria para los grandes contribuyentes y hace de nuevo recaer el aumento del impuesto sobre la renta en las personas físicas y jurídicas que ya lo venían pagando.  Y entonces, ante la inanidad de los remedios provistos por la flamante Ley, uno duda y se pregunta ¿son sinceras las alarmas y los gritos al cielo? ¿por qué rechazan tenazmente otras medidas probadamente efectivas? Siendo así las cosas, los huelguistas y los sindicalistas en general, vapuleados y descalificados sistemáticamente por una prensa mendaz y venal, han tenido sobradas razones para alzarse contra aquella dudosa iniciativa legislativa del grupo en el poder, haciendo uso para ello de sus derechos constitucionales. Y merecían ser oídos atentamente y con absoluto r porque esgrimían razones atendibles y estaban utilizando una de las armas cívicas que los regímenes democráticos ponen precisamente en manos de los ciudadanos, para que ejerciten su derecho a disentir y a resistir frente a aquellas actuaciones de las autoridades que consideraren torpes o injustas. En vez de dialogar con los sindicatos y los grupos ciudadanos en legítima disidencia, y buscar en el intercambio civil de las razones el camino más conveniente a los intereses de todos, las fuerzas que actúan a través del Gobierno prefirieron recurrir de nuevo a la colusión politiquera y al retorcimiento de las instituciones públicas, para tratar de imponer sus designios.  Nuevamente la cúpula política (ahora tricéfala) consigue, pasada una década, someter a efectiva unidad de decisión lo que formalmente aparece como tres poderes independientes: es el camino que un no admirable político criollo denominó “dictadura en democracia” (poder único solapado tras apariencias democráticas) y que el nuevo Gobierno no ha vacilado en recorrer. Creo que los costarricenses lúcidos y reflexivos, si bien hemos terminado por tragarnos el TLC,  no hemos olvidado la vieja lección, que vemos reconfirmarse ahora.  Para cambiar las cosas, una nación de maestros no necesita fusiles: necesita conciencias. (*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.

Related news

Latest News
Hashtags:   

Portadores

 | 

patrio

 | 

honor

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources