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elpais - 6 days ago

Condenan a militares por víctimas de Caravana de Muerte en dictadura Pinochet

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).-Un juez chileno sentenció hoy a penas de prisión a 11 militares retirados por su responsabilidad en el asesinato de 15 opositores, cometidos en el marco de los crímenes perpetrados en 1973 por la llamada Caravana de la Muerte durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales. La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar que tras el golpe que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como delegado personal del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos a los que sacó de las cárceles. Entre los condenados destaca el general Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército entre los años 2002 y 2006, que fue condenado por el delito de encubrimiento a tres años y un día de prisión, que podrá cumplir en libertad vigilada. Cheyre, que era teniente y ayudante del comandante del regimiento Arica , de la ciudad de La Serena, al ocurrir los crímenes, el 16 de octubre de 1973, fue el primer jefe militar chileno que selló un compromiso de nunca más del Ejército a las violaciones de los derechos humanos. El fallo pronunciado por el juez especial Mario Carroza condenó a 15 años y un día de presidio al coronel Ariosto Lapostol Orrego, jefe del regimiento en esa época, como autor del homicidio de las 15 víctimas. En tanto, el brigadier Pedro Espinoza Bravo y los exoficiales Juan Chiminelli Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos. Varios de estos oficiales se encuentran en prisión, cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza Bravo suman más de 600 años. Junto con Cheyre fueron condenados a tres años y un día en libertad vigilada los exoficiales Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Mario Vargas Miguieles y Luis Araos Flores. Otros cuatro encausados fueron sobreseídos por el juez al no poder acreditarse su participación en los hechos investigados. Entre las víctimas de La Serena figuraba el músico Jorge Peña Hen, creador en Chile de las orquestas infantiles y juveniles y considerado un pionero de dicha iniciativa otros países de la región. Las víctimas fueron ejecutadas en el polígono del regimiento y sus cuerpos lanzados a una fosa común del cementerio al día siguiente, las autoridades publicaron una nota militar en el que daban cuenta de la ejecución de 15 extremistas, en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra . Según la investigación del caso, tanto el jefe del regimiento (Lapostol), como su ayudante (Cheyre), que distribuyó la nota en los medios de comunicación locales, tenían la certeza que no había acontecido (el juicio) y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de la ideología de las víctimas. Los restos de las víctimas fueron descubiertos e identificados en 1998. En el aspecto civil, el fallo ordena al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de 80, 70 y 40 millones de pesos (unos 118.500, 103.700 y 59.000 dólares). La investigación ha sido extensa, compleja, más que nada porque la colaboración no ha sido explícita por parte de quienes intervinieron. Ha costado llegar a la verdad histórica , dijo a los periodistas el juez Carroza tras darse a conocer el fallo. Frente a opiniones de familiares de víctimas que lamentaron la baja pena aplicada a Cheyre, el magistrado señaló que la decisión dice relación con que hablamos de una justicia igualitaria que no hace diferencias, distinciones y no hace privilegios. El fallo consta de casi 400 páginas, es difícil remitirse a una, dos o tres fases del comportamiento de Juan Emilio Cheyre , quien ha negado siempre alguna responsabilidad. Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. EFE

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