Consejo científico de Costa Rica repudia proyecto de Empleo Público

San José, 23 feb (EP/PL) El Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Sociales manifiesto su repudió al proyecto de Ley del Empleo Público, presentado por el Gobierno y en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Hacemos un llamado urgente a la comunidad universitaria, a la población trabajadora del sector público y a toda la ciudadanía costarricense para que se manifieste en defensa integral del Estado Social de Derecho, indica el pronunciamiento de ese Consejo Científico, divulgado en redes sociales. Asimismo, rechaza los intentos reiterados del gobierno, algunos medios de comunicación y ciertos sectores empresariales por desmontar el Estado Social de Derecho, y deplora las acciones de estigmatización de las instituciones y trabajadores del sector público, así como la criminalización, represión y división del movimiento social. Llama a las autoridades universitarias a no repetir el error de intentar negociar al margen del movimiento social una exclusión de las universidades de la Ley en trámite y sin criticar el conjunto de políticas de desmantelamiento que se viene implementando. El Consejo Científico convoca a la población trabajadora del sector público a una defensa activa y solidaria del Estado Social de Derecho y de los derechos laborales, no solo de quienes ya laboran en las instituciones públicas, sino también del sector privado y de las siguientes generaciones. Exhortamos a la comunidad universitaria a tomar un rol activo en defensa integral de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho que la han convertido en una institución de referencia, sostiene el Pronunciamiento. Finalmente, insta a la ciudadanía costarricense a informarse críticamente sobre este proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de cómo el mismo está afectando sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y a otros. Todo lo anterior, indica el texto, responde a la actual iniciativa gubernamental y legislativa para aprobar la denominada Ley del Empleo Público, la cual propone una serie de reformas que profundizan el desmantelamiento de los derechos laborales y las autonomías institucionales de universidades, municipalidades y Poder Judicial. El proyecto de ley cursa hoy en el Legislativo y el Gobierno afirma que resulta una de las iniciativas para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares, negociación rechazada por agrupaciones sociales, sindicales y populares, al estimar que solo endeudará y empobrecerá aún a este país.

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