Tuesday 26 May 2020
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elpais - 5 days ago

Otra vez, diferencias de forma y de fondo en el Gobierno

De cal y de arena El diferendo entre el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, a propósito del proyecto de ley que exime a las municipalidades de las regulaciones y condicionamientos creados por la Ley # 9635 para reencausar al país por la senda del saneamiento y el orden en las finanzas públicas, no es peccata minuta. Y no lo es ni por el fondo ni por la forma. La petición del ministro Rodrigo Chaves fue muy directa y puntual, también respetuosa: vete parcialmente el proyecto de ley tramitado por la Asamblea Legislativa en lo que socava la firmeza de la “regla fiscal” pues hay extremos que nulificarían de manera permanente todo aquello que tiene como objetivo el rescate de la disciplina fiscal exigible a todos los actores del sector público. El presidente Alvarado, cuando todavía no se había secado la tinta de la misiva ministerial, corrió a estamparle la firma y a ordenar el “ejecútese” y la publicación en La Gaceta que convierte el proyecto legislativo en Ley de la República. El diferendo entre uno y otro alto funcionario quedó así marcado para la historia. Tanto porque en sus entrañas lleva una discrepancia de fondo sobre los alcances del proyecto de ley, cuanto porque el caso deja ver la inepcia presente en la Casa Presidencial a la hora de administrar los contenidos políticos implícitos en la mayoría de los asuntos y expedientes que llegan al escritorio del mandatario. ¿Será que entre el presidente y sus ministros –en este caso el de Hacienda- no existe comunicación franca, fluida, constante, como para anticipar el rumbo de las cosas de gobierno y para conversarlas sin necesidad de poner a ojos de la opinión pública diferencias que se tornan ruidosas por la presencia de un mal manejo?. ¿Será que al ministro Chaves le falta el “colmillo político” a la hora de abordar, interpretar y medir lo que un asunto tan delicado implica, y lo que significa saltarse el escalón de la franca conversación con su superior, el presidente Alvarado?. Pienso que sí; los hechos, no solo a propósito de este asunto, lo evidencian. Tal vez fruto de sus muchos años trabajando afuera del país y de su refinada profesión, lejana de la política. El diferendo entre ambos no es peccata minuta. Ni por el fondo ni por la forma. ¡Quién quita si no derive en una renuncia ministerial!. La cuestión de forma a un lado, lleva al tema de fondo. Los devaneos municipales para quebrar la verticalidad de la ley 9635 han sido objeto de la acidez crítica no solo de Ha también de la Contraloría General de la República y del Banco Central, sin que falten las insinuaciones de la OCDE por lo que toca a las fisuras sobre la disciplina fiscal. La Contraloría ha advertido de que las reformas pueden conducir a disparar el gasto municipal en cuantía nada despreciable (superior a los 90.000 millones de colones),  obstruirían el propósito de limitar el crecimiento del gasto público y lesionarían el principio de responsabilidad fiscal (Art. 176 de la Constitución Política). En tanto el Banco Central ve en las reformas a la ley 9635 alcances perjudiciales para la administración equilibrada de las finanzas públicas. Opiniones autorizadas en ruta, evidentemente, de coincidencia con las reservas de Chaves. Todo ello en un entorno marcado –además- por el reiterado compromiso del presidente Alvarado de llevar adelante el recorte del gasto público, como lo volvió a revivir el pasado 11 de mayo y cuando el diputado Heriberto Abarca advierte que hay una amplia lista de partidas en los presupuestos que permitirían aplicar el bisturí a gastos prescindibles que ascienden a 515.000 millones de colones. ¡Qué mar de incoherencias, que terminan dejando en cueros la credibilidad del gobierno y del Presidente de la República, en particular! (*) Álvaro Madrigal es abogado y periodista

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