Thursday 13 August 2020
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elpais - 29 days ago

Ley de reducción de jornadas en el sector público. Ius variandi abusivo

El expediente 22.081, presentado a la Asamblea Legislativa, y denominado “ Ley de reducción de jornadas en el sector publico” y que pretende de acuerdo a su exposición de motivos,  “…ahorrarse en remuneraciones un total de 129.700 millones de colones, y que por lo tanto podrían ser destinados a atender a las personas más afectadas o bien sufragar gastos en los que ha tenido que incurrir nuestro sistema de salud…”  y ello indicando en su articulo primero que: “ Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo…” Con ello, al reducir las jornadas en un 15%, se reducirán en ese mismo porcentaje, de manera proporcional los salarios que se encuentren comprendidos en dicho articulo. Sea que al trabajador que gane un millón quinientos mil colones, se le reducirá su salario en la suma de doscientos veinticinco mil colones y si gana tres millones de colones, se reducirá en la suma de cuatrocientos cincuenta mil colones y así sucesivamente.  En un porcentaje de una jornada de 48 horas semanales, se deberá dejar de trabajar 7.2 horas por semana. Aquí debemos considerar que en la generalidad en el sector publico se trabajan 5 días de la semana 9 horas, sea jornadas de 45 horas por semana. La ley, realiza excepciones al respecto e indica en su articulo 2; una serie de dependencias que son excluidas de dicha reducción a Cuerpos de Policía, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y Centros Penitenciarios. Con dicha disposición no solo se reduce la jornada, sino que también se reduce el salario de los trabajadores, elemento esencial del contrato de trabajo que por disposición legal es prohibido modificar cuando se causa un grave perjuicio al trabajador. Nuestra normativa laboral, concede una serie de facultades a todo patrono y dentro de estas el poder de dirección, que es la potestad de adoptar aquellas medidas pertinentes que mejoren la condición de su empresa, siempre que ello no perjudique en forma sensible al personal a su cargo. Igualmente, como derivación del poder de dirección existe la figura del Ius Variandi, que en términos generales consiste en la facultad o potestad que tiene el patrono para modificar ciertas condiciones iniciales o que se han venido dando en el transcurso de la relación laboral, incluso contra la voluntad del trabajador. Pero, este poder dispositivo del patrono no es absoluto, y tiene ciertas limitaciones, que constituyen elementos esenciales del contrato de trabajo, entre las que se pueden mencionar el salario, la jornada de trabajo y el puesto o jerarquía. Considero, que al realizarse una disminución de jornada y consecuentemente la reducción del salario a un sector de los trabajadores del sector publico, se causa una grave afectación a estos, quienes ven mermados sus ingresos los cuales podrían estar destinados a la cancelación de rubros de deudas previamente contraídas, estudios y  impidiendo con ello  que se puedan realizar sin afectar sus finanzas y consecuentemente su estabilidad laboral y familiar. Cuando el Ius Variandi se aplica violentando algún elemento esencial del contrato de trabajo, o bien, se causa un grave perjuicio a los derechos del trabajador, configuramos el “Ius Variandi abusivo”, que en nuestra legislación laboral es ilegal y otorga la posibilidad al trabajador de dar por roto el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Nos dice Carro Zúñiga, “…La Ley como suprema fuente normativa del contrato de trabajo es, naturalmente, el factor condicionante por excelencia del ius variandi. Su acción limitativa en este campo se manifiesta genérica o específicamente. Lo limita de un punto de vista genérico al normar el contenido mínimo obligatorio del contrato, ya que las disposiciones de orden publico que integran la legislación del trabajo al dotar al empleado de un patrimonio jurídico no derogable siquiera con su voluntad, crean una valla demarcadora al poder del empresario. Es función primaria del Derecho del Trabajo, proteger la vida y la salud del empleado y garantizarle un nivel de vida decoroso, y estando este fin condicionado en buena parte por el contenido del contrato, lógico es que intervenga  la Ley fijándolo imperativ de esta suerte, los beneficios y garantías establecidas con tales propósitos no pueden ser modificados por el empleador prevaliéndose de su superior condición económica, social y política. En ejercicio de su potestad unilateral no le es posible vulnerar los principios de jornada máxima, salario mínimo, de seguridad e higiene y otros sancionados.” Con fundamento en lo anterior, es seguro decir que el “Ius Variandi” es una herramienta útil que le permite al patrono ejercer su facultad de dirección sobre su empresa. De la misma manera podemos decir que así como la ley otorga esta potestad al patrono, también están  establecidos los límites de aplicación de la misma, y ello con el objetivo de evitar favorecer con su aplicación a una de las partes de la relación laboral. Ya nuestra Sala Constitucional, ha manifestado al respecto: “ La capacidad de cambiar las condiciones del contrato laboral por parte del patrono, son aceptables en tanto no se degrade la condición de la que actualmente goza el trabajador, de forma tal que su salario, rango y en general los elementos básicos de la relación laboral se mantienen.” ( Voto 107-1996) De la misma manera la Sala Constitucional ha indicado: “… Se ha aceptado en forma reiterada la facultad del patrono para variar las condiciones del contrato de trabajo, pero señalando que la misma tiene sus limites en la razonabilidad de los cambios ordenados y siempre que no se perjudique al servidor…” Es claro, que el ente competente para determinar la existencia de condiciones abusivas en los contratos de trabajo, es la Jurisdicción Laboral, sin embargo la Sala Constitucional,  ha indicado “…que lo único que pueden tener para la jurisdicción constitucional  son aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo – imputables a órganos o servidores públicos- existe cuando se da lo que doctrinalmente se conoce como “ ius variandi abusivo” , es decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias, por lo que se hace necesario indicar si la decisión implica una modificación sustancial de las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña el interesado , una degradación de sus funciones o bien un rebajo sustancial del salario devengado, pues en estos casos se lesionaría en perjuicio del servidor el derecho a la estabilidad laboral. ( Voto: 2007-12271) Con lo expuesto, consideramos, que al pretenderse mediante ley, aunque sea de carácter temporal y al amparo de una emergencia sanitaria, reducir los salarios de un sector de los empleados públicos, se esta legislando violentando derechos consolidados y resguardados por mandato constitucional, por tanto carentes de legalidad. Y que decir, si consideramos las consecuencias que al efecto tendrá el proyecto de ley, en caso de aprobarse en relación con la afectación de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, órgano en el que se verán afectados entre otros defensores públicos, fiscales y jueces, amenazándose con ello la autonomía judicial sobre la cual ya existen sendos pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de tales normativas. Por tanto, a pesar de que se ha indicado, que es necesario tomar medidas de carácter económico para solventar la crisis económica producto de la Pandemia Covid 19, consideramos, que no es con leyes abiertamente ilegales con las que se debe actuar, se deben tomar medidas serias y revestidas de la legalidad que nuestra Constitución Política ampara. (*) Lic. Rafael Ángel Rodríguez Salazar, Especialista en Derecho Laboral rafael@lafirmadeabogadoscr.com


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